Modelo de Prevención y Detección de Delitos Penales

A raíz de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, se introduce la reforma del Código Penal en España, por la que se exigen responsabilidades penales a los directivos y administradores en el caso de que no ejerzan un debido control y vigilancia que contribuya a impedir la comisión de delitos penales en el ámbito de la empresa.

Dada la naturaleza de sus negocios, los delitos penales que tipifica la ley y que son aplicables al Grupo SENER son los siguientes: contrabando, delito contra el mercado y los consumidores, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social , contra la intimidad y acceso no autorizado, contra la propiedad intelectual e industrial, contra los derechos de los trabajadores, contra los recursos naturales y el medio ambiente, delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas, de blanqueo de capitales, de cohecho, de construcción, edificación o urbanización ilegal, de corrupción en los negocios, de daños informáticos, delito de ataque de denegación de servicio, de estafa, de financiación ilegal de partidos políticos, de frustración de la ejecución, de insolvencias punibles como alzamientos de bienes y concurso punible, de obstrucción a la actividad inspectora o supervisora, delito de provocación a la discriminación, odio o violencia, los derivados de la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, delito de tráfico de influencias  y los provocados por la liberación de energía nuclear y elementos radioactivos.

En este sentido, el Grupo SENER, antes de que entrara en vigor dicha ley, abordó un diagnóstico detallado para conocer su nivel de cumplimiento y alineamiento con el nuevo Código Penal y, en base a las recomendaciones recibidas por asesores independientes, ha implantado un Modelo de Prevención y Detección de Delitos Penales en línea con los requerimientos de dicha reforma.

El objetivo de este modelo es, por un lado, garantizar ante los órganos judiciales y administrativos que las sociedades del Grupo cumplen con los deberes de vigilancia y supervisión exigibles según sus actividades y, por otro, reforzar el compromiso del Grupo con las buenas prácticas y el buen Gobierno Corporativo.

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